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"La pelea está lejos de haber terminado". Ésa fue la reacción de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, al bloqueo judicial a parte de la nueva y controvertida ley migratoria de ese estado de EE.UU.
El último capítulo de la batalla legal generada por la norma no tiene visos de ser un punto final de la polémica. Pocas horas antes de que Arizona pusiera en vigor la ley migratoria más dura de los Estados Unidos, la jueza federal Susan Bolton congeló sus aspectos más polémicos. La gobernadora ya anunció que va a apelar esa resolución.
Pero la norma, si se puede decir que ha quedado herida de gravedad, también hay que señalar que salió con vida del embate.
Tras el fallo, nadie canta victoria. La jueza paró unos aspectos pero dio luz verde a otros. BBC Mundo le cuenta cuáles son esos puntos y, sobre todo, explora algunas cuestiones que están por definirse.
¿Qué suspendió la jueza?
La controvertida SB 1070 -como se le conoce técnicamente- entró en vigor este jueves pero sin su aspecto más polémico, el que requería a la policía revisar la condición migratoria de personas "sospechosas" y detenidas por alguna otra razón. Hasta ahora, eso estaba reservado a los agentes migratorios federales, aunque con excepciones.
La jueza también suspendió la exigencia a los inmigrantes de llevar consigo la documentación que acredita el estatus de residentes legales.
Y detuvo el punto que declara delictivo que un inmigrante en situación irregular solicite empleo en espacios públicos, como suelen hacer albañiles o jardineros en estacionamientos de grandes tiendas.
Estas disposiciones quedan en suspenso hasta que los tribunales federales se pronuncien sobre su constitucionalidad. La batalla legal promete ser larga.
La gobernadora Brewer calificó el fallo de la jueza como sólo "una piedra en el camino" y anunció que "pronto presentará una rápida apelación" ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos.
La Corte de Apelaciones, que tiene su sede en San Francisco, California, podría desdecir a la jueza Bolton y permitir la entrada en vigor de la ley en su totalidad, o escuchar a las partes que se personen antes de fallar sobre el recurso.
Con sus recursos, el gobierno estatal puede llegar, en última instancia, a la Corte Suprema. Si se da ese extremo, el resultado sería una costosa y larga contienda jurídica.
¿Qué partes
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